Historia


Cadena de Custodia

En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dio origen en Diciembre de 1993, al primer manual de Cadena de Custodia, estableciendo allí, un procedimiento para el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba, desde su ingreso al Instituto hasta el envío del dictámen a la autoridad competente.

Posteriormente en el artículo 288 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal), se estableció el concepto de Cadena de Custodia en el cual se fijo su objetivo principal, destacando aspectos como: a que se le debe aplicar cadena de custodia, con qué fin, quienes son responsables de la aplicación, donde inicia y donde termina, y quizás lo más importante, le impuso al Fiscal General de la Nación, diseñar e implementar un sistema de cadena de custodia de acuerdo a los avances científicos y técnicos.

Es así como mediante resolución 1890 de Noviembre 5 de 2002, la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en la Ley 600 de 2000, reglamenta un sistema que cobra vigencia el 1 de enero de 2004, en el cual ordena la aplicación de un proceso para el manejo de los elementos materiales probatorios (EMP) y evidencias físicas (E.F), que contempla procedimientos con actividades que van desde el aseguramiento de la escena hasta la disposición final de los mismos.

Con base en lo anterior y mediante resolución 0-2869 de diciembre 29 de 2003, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Policía Judicial en Colombia, estandariza todos los procedimientos en un primer Manual de Cadena de Custodia, en él que unifica rótulos, formatos y recomienda algunas practicas para el debido manejo de la recolección y embalaje de los mismos, así mismo establece la necesidad de adecuación de los Almacenes de Evidencia, de acuerdo a especificaciones técnicas para la custodia de los EMP y EF.

En ese orden y dentro del marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación reglamenta el Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio, mediante resolución 06394 de diciembre 22 de 2004, en donde ajusta los procedimientos a la nueva actividad procesal.

 

 

 

 


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